El gobierno andaluz puso en marcha medidas de empleo y acciones urgentes que han supuesto una respuesta eficaz para tratar de activar el mercado de trabajo, especialmente en aquellos sectores de población con más dificultades de acceso al empleo o con más barreras para la inserción. Estas medidas quedaron plasmadas en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

La participación de las entidades locales en la implementación de la mencionada Iniciativa constituye un factor clave para su óptimo desarrollo. En efecto, dicha Iniciativa se concibe desde su inicio como medidas de equilibrio territorial y de fomento económico del empleo, estableciendo un criterio diferenciado en función del tamaño de la población del municipio y su nivel de desempleo, así como definiendo las propias obras y servicios subvencionables, que deben repercutir en el desarrollo de actuaciones de utilidad colectiva que redunden en beneficio de la comunidad en la que se realizan. Esta idoneidad se justifica por cuanto estas entidades conocen de primera mano cuáles son las necesidades de los territorios, las características específicas de los mercados locales y qué características presenta la mano de obra disponible. Por este motivo, se prevé su desarrollo en todos los municipios del territorio, evitando la discriminación que en caso contrario se produciría entre personas que, partiendo de una situación similar, no pudieran participar en los proyectos por razón exclusivamente de su vecindad administrativa.

Consecuentemente, ni la finalidad de la propia Iniciativa, destinada a la dinamización del mercado de trabajo, ni la aplicación del principio de igualdad de trato, pueden condicionarse a la situaciones internas que atraviesan actualmente los ayuntamientos andaluces, que son completamente ajenas a las personas destinatarias finales de las ayudas, y sobre las que no puede recaer en ningún caso el perjuicio que supone privar a sus localidades de la posibilidad del desarrollo de unos proyectos colectivos de marcado contenido económico y social.

En este sentido, no hay que olvidar que las especiales circunstancias de destrucción de empresas y empleo derivadas de la crisis económica y financiera no han sido ajenas a los ayuntamientos, siendo muchos los que han tenido y tienen que hacer frente a numerosas dificultades que han provocado importantes ajustes económicos y reducciones de plantilla. Y en ocasiones, como consecuencia de ello, han recaído sobre algunas de estas entidades sentencias firmes en procedimientos de despido improcedente o nulo. Dicha circunstancia impediría su participación en las ayudas reguladas en la mencionada Ley 2/2015, de 29 de diciembre, a tenor de lo dispuesto en su artículo 5.3 sobre «Personas y entidades beneficiarias», por lo que resulta necesario proceder a su concreción.